El Programa de Turismo Social del IMSERSO debe ser positivo para todas las partes

Los jubilados y pensionistas deben ser los primeros beneficiados, pero el Estado no puede escatimar recursos económicos que perjudican la calidad del empleo y del servicio.

El Sector de Hostelería-Turismo de la federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), que conoce en profundidad las particularidades de esta actividad y la diversidad de matices y enfoques que confluyen en la paralización del procedimiento de contratación del programa de turismo social del IMSERSO -del que disfrutan, desde hace tres décadas, una gran parte de los jubilados y pensionistas de nuestro país- quiere aclarar algunos puntos sobre este particular:

  • Los trabajadores jubilados y pensionistas de nuestro país deben seguir disfrutando de este programa en las condiciones habituales de accesibilidad, precios económicos y calidad en el servicio.
  • Los trabajadores y trabajadoras de la hostelería y el turismo necesitan una mejora en sus condiciones de trabajo y, sobre todo, salariales. La hostelería y el turismo necesitan estímulos que contribuyan en este objetivo, y no al revés.
  • Los empresarios de la hostelería y el turismo deben ser conscientes de los beneficios que este programa aporta al sector turístico español y, por tanto, a sus empresas. Pero el Estado también debe ser consciente de que tiene que existir una rentabilidad legítima al servicio prestado por parte del sector privado, dentro de la lógica rentabilidad social que este contrato con la Administración pública tiene.
  • La inversión deficiente o escasa para este tipo de actividad termina siendo repercutida en la remuneración de los trabajadores y trabajadoras y, también, en la calidad del servicio que reciben nuestros jubilados y pensionistas.
  • El Estado es el elemento central para lograr el equilibrio perfecto que permita que todos los agentes que participan en el programa de vacaciones sociales del IMSERSO vean cumplidas sus expectativas desde la empatía con las necesidades legítimas de todas las partes.
  • Por esta razón, la Administración pública debe ser consciente de que el precio a pagar a sus proveedores para dotar a los jubilados y pensionistas de un servicio vacacional económico y de calidad debe ser el adecuado y no, necesariamente, el más económico. Por su parte, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) debe cumplir con las condiciones y objetivos de empleo que contempla este contrato con la Administración pública.
  • Por último, nos parece excesiva la reacción de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) que ha producido la suspensión cautelar del programa del IMSERSO por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales pues existen otras vías para buscar soluciones de consenso a través de la negociación de todas las partes implicadas.